22M: La marcha de la dignidad

El pasado 22 de marzo, miles de personas procedentes de distintas regiones del Estado español se congregaban, a las 17.00h, en Atocha (Madrid). A todas ellas les unía una misma causa: La marcha de la Dignidad.

Todo comenzó el 15 de mayo de 2011: la ciudadanía española manifestó el deseo expreso de provocar cambios profundos en el modelo democrático y económico del país a través de la convocatoria de la plataforma Democracia Real Ya, así como de otros colectivos procedentes de 58 ciudades españolas. Este fue el inicio de una lucha humana por la dignidad, que todavía, aún hoy, continúa.

Las protestas en el Estado, inéditas desde los años de la Transición y conocidas como el Movimiento 15M e Indignados, nacen a causa de la elevada tasa de paro (en 2011, la más alta de la Unión Europea); la contención salarial y la precariedad laboral; los recortes en el Estado de Bienestar (salud pública y educación); y los problemas hipotecarios. A estas contrariedades se fueron sumando desahucios, iniciativas patriarcales (negar el derecho al aborto) y corrupciones escandalosas por parte de políticos, banqueros y miembros de la Casa Real.

La eclosión del 15M surgió, por lo tanto, a causa de un descontento social tan generalizado y arraigado que, a esta primera convocatoria, se le fueron sumando otras muchas, hasta llegar al reciente 20M.

20M-MADRID

Miles de personas, procedentes de distintas regiones (Andalucía, Asturias, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia) se congregaron en la capital, Madrid, para luchar por la todavía continuada y arraigada crisis española. Según la organización, más de dos millones de personas acudieron a la Marcha de la Dignidad. La Delegación del Gobierno, sin embargo, cifró la participación en medio millón, rebajándolo, posteriormente, a la cantidad de 36.000 personas [1]. Pero con independencia de la cantidad exacta de manifestantes, todos los medios han coincidido en calificar al 20M como una manifestación multitudinaria, y todas ellas, juntas, aclamaban cuatro lemas principales: servicios públicos para todas las personas, no al pago de la deuda ilegítima, derecho a la vivienda y empleo digno con derechos o Renta Básica [2].

La marcha, que se iniciaría a las cinco actualidad 23 de la tarde en Atocha, recorrería el paseo de la Castellana hasta llegar a su fin, la plaza Colón. Sin embargo, fue en este punto donde se iniciaron los altercados, aunque también se registraron cargas en Cibeles, Atocha y en el Paseo de Recoletos.

Según las primeras fuentes, algunos manifestantes empezaron a lanzar petardos, adoquines y otros objetos contra los antidisturbios. Arrancaron señales de tráfico y otros elementos del mobiliario urbano, y provocaron destrozos en varios negocios, como el Café Gijón y el Café del Espejo, así como en algunas sucursales bancarias. A las 21.30, dos contenedores ardían en la Calle Montalbán, mientras tanto, la policía disolvía a los manifestantes con porras, a la vez que lanzaba gases lacrimógenos.

Como indican los datos de Emergencias Madrid, los conflictos entre manifestantes y antidisturbios acabaron, esa misma noche, con 29 detenidos, 101 personas heridas (67 de ellos policías) y 11 policías y 9 manifestantes hospitalizados [3]. Días más tarde, la Brigada de Información de Madrid, en plena primera fase de la Operación Puma 70 (denominada así, según fuentes policiales, “en homenaje a los compañeros que resultaron heridos y agredidos”), sigue haciendo detenciones a personas supuestamente implicadas en los disturbios del 22M [4].

LOS DETENIDOS

La policía informa que todos los detenidos son varones y mayores de edad, y que entre ellos se encuentra un anarquista, varios antifascistas, un ultraderechista “reconvertido en anarcofascista” [sic] [5], y varios bukaneros, esto es, hinchas radicales del Rayo Vallecano. A todos ellos se les imputa de delitos por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Asimismo, una semana después de los altercados, el director general de la policía, Ignacio Cosidó, afirma que el cuerpo que está bajo su dirección no volverá a “tolerar ninguna expresión violenta en las calles y actuará con toda la firmeza que permite el Estado de derecho para hacer frente a cualquier grupo extremista o radical que pretenda perturbar la paz social” [6]. El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, expresa su apoyo a los antidisturbios y agradece la labor de los agentes implicados.

Por su parte, los colectivos e impulsores de la marcha del 22M hicieron declaraciones a EL PAÍS desvinculándose por completo de los altercados. José Caballero, el secretario de la organización del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), afirmó que “el 99,99% de los participantes se manifestó de forma pacífica” [7]. Asimismo, José Coy, del Frente Cívico, confirma que los organizadores no tienen ninguna responsabilidad sobre los manifestantes violentos. Ambos, José Caballero y José Coy, así como Manuel Cañada y otros colectivos de la Marcha de la Dignidad, afirmaban, en estas mismas declaraciones, que la policía estaba infiltrada y que fueron ellos mismos los que provocaron, de manera premeditada, las reyertas, ya que al mismo Estado le convenía. Los impulsores del 22M piden a los medios y al gobierno que no se distorsione el verdadero objetivo de la movilización (reclamar pan, comida y techo) a causa de los altercados. La prensa europea, por su parte, parece apoyar esta demanda ya que, sin ofrecer cálculos exactos de manifestantes y sin otorgar demasiada importancia a los “altercados aislados”, destaca el éxito de la marcha [8].

LAS MENTIRAS

Se han podido desmentir dos declaraciones realizadas por la policía: por un lado, se culpó al camión de bomberos (proveniente del parque VI) de romper la línea de defensa establecida por los policías antidisturbios en la Marcha. Varios videos grabados por manifestantes, así como las declaraciones de los responsables municipales y del Ayuntamiento, pudieron demostrar dicha farsa [9].

Por otro lado, la policía acusaba a los detenidos de agredir a los agentes con tirachinas de bolas metálicas, así como con muletas que ocultaban un punzón de 12 centímetros, capaz de introducirse a través de los chalecos antitrauma. No obstante dicha acusación, Antonio Labrado, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), admitió a EL PAÍS que las fotografías mostradas de dichos objetos eran falsas y que fueron facilitadas por policías que actuaron en la protesta [10].

Aún quedan asuntos por aclarar y preguntas por resolver: uno es el caso de Gabriel Ruíz, un manifestante que asegura haber perdido un testículo a causa de un pelotazo disparado por la policía (la policía niega tal suceso) [11]; otro es entender cómo 1.750 policías no fueron capaces de solventar los altercados provocados por un pequeño grupo; pero quizá, el más importante, es resolver, de una vez, la crisis social, motora de la Marcha de la Dignidad.